Sánchez aprueba de urgencia el decreto antiFerrovial tras incumplir el plazo para aprobarlo como ley

El Gobierno coló el jueves en un Real Decreto-ley de 224 páginas una norma destinada a entorpecer e incluso vetar el cambio de sede de empresas españolas siguiendo el ejemplo de Ferrovial, como informó OKDIARIO. Pero además, justifica la urgencia para no tramitarlo como ley por su propia incompetencia: ha incumplido el plazo para trasponer a la ley española la directiva europea sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.

Bruselas aprobó esta norma en 2019 (directiva 2019/2121) y el plazo para aprobarla como ley venció el 31 de enero de este año; es decir, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido cuatro años para trasponer la directiva y no lo ha hecho. Por eso, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España con riesgo de imponernos una fuerte multa.

Pero el Gobierno, en vez de pedir disculpas, utiliza su propia incapacidad para justificar la trasposición de la directiva mediante un instrumento, el Real Decreto-ley, destinado exclusivamente a materias de «extraordinaria y urgente necesidad» que no pueden esperar al trámite parlamentario de las leyes ordinarias. Una urgencia que deriva únicamente de esa desidia del Ejecutivo. Además, la incluye en una norma «ómnibus» -instrumento criticado por el Tribunal Constitucional- junto a medidas tan variopintas como el IVA de los alimentos, las ayudas al transporte, los alquileres, los permisos parentales, las ayudas a La Palma o el taxi.

El Gobierno justifica en el BOE este incumplimiento de los plazos porque «en los últimos años, hechos como la repetición de elecciones generales en 2019, con la consiguiente disolución de las Cortes Generales, la existencia de un Gobierno en funciones durante un tiempo prolongado, así como el estallido de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, explican la acumulación de retrasos en la transposición de algunas directivas».

Informar a los trabajadores

Como ha informado OKDIARIO, el Ejecutivo ha aprovechado esta trasposición «de urgencia» para colar una medida que permitirá al Registro Mercantil entorpecer o vetar el cambio de sede de una empresa cuando tenga «sospechas» de que obedece a motivos abusivos o fraudulentos, sin explicar qué debe entenderse por eso. En ese caso, preguntará al propio Gobierno (a cualquier organismo público), que será quien confirme que entiende ese movimiento como abusivo y le instará a vetarlo.

Pero la norma no se queda ahí. También introduce la obligación de que las empresas que quieran seguir el camino de Ferrovial elaboren un informe destinado a los trabajadores. Este documento debe explicar «las consecuencias de la operación para las relaciones laborales, así como, en su caso, cualquier medida destinada a preservar dichas relaciones» y «cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo aplicables o en la ubicación de los centros de actividad de la sociedad».

Esto se aplicará no sólo a los cambios de sede, sino a cualquier operación de transformación, fusión o escisión dentro de España. Es más, una vez que reciban el informe, los representantes de trabajadores tendrán derecho a formular observaciones antes de la junta general que debe aprobar la operación.